URUGUAY

La República Oriental del Uruguay es una república constitucional con un presidente elegido y un parlamento integrado por dos cámaras. En 1999, los votantes eligieron Presidente al Senador Jorge Batlle, del Partido Colorado, en elecciones libres y limpias; asumió la presidencia el 1º de marzo de 2000 por un plazo de cinco años. En las elecciones legislativas de 1999, la coalición de centro-izquierda Frente Amplio ganó aproximadamente el 40 por ciento de los votos en una contienda en la que participaron cuatro partidos, constituyendo de ese modo el bloque parlamentario más grande. Los dos partidos tradicionales, los Colorados y los Blancos, que colaboraron en un acuerdo de coalición, controlan juntos más de la mitad de las bancas del parlamento. El Poder Judicial es independiente.

El Ministerio del Interior administra las jefaturas de policía del país y el sistema carcelario, y es responsable de la seguridad interna y pública. Los militares son responsables de la seguridad externa dentro del sistema carcelario. Las autoridades civiles ejercen el control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos de los derechos humanos.

La economía, que durante el año comenzó a recuperarse de una recesión de cuatro años, es una combinación de empresas privadas y estatales, y depende en alto grado de las exportaciones agropecuarias y de la agroindustria. La población del país se estima en 3,4 millones de habitantes. Las principales exportaciones son carne, cuero y arroz. La tasa de desempleo se situó en el 16 por ciento; la economía se contrajo en 10,5 por ciento en el año 2002 y no hubo crecimiento durante el año. La inflación aumento significativamente a 14,1 por ciento en el año 2002 y fue del 13 por ciento durante el año.

El Gobierno respetó, en general, los derechos humanos de sus ciudadanos; no obstante, hubo problemas en algunas áreas. Hubo informes de violencia policial, incluso abuso de prisioneros en las cárceles y seccionales policiales, las condiciones carcelarias fueron malas y los casos judiciales, en ocasiones, duraron muchos años, teniendo por resultado prolongadas detenciones previas al juicio. La violencia contra las mujeres y cierta discriminación contra mujeres y la minoría negra constituyeron problemas. El tráfico de personas fue un problema.

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Parte 1 Respeto por la integridad de la persona, inclusive ausencia de:

a. Casos de muerte arbitraria o otras formas ilegítimas

No hubo informes de muertes por razones políticas; sin embargo, un prisionero murió después de haber sido supuestamente golpeado por guardias (véase Parte 1.c.)

La Ley de Amnistía de 1986 prohíbe el procesamiento penal de los miembros de las fuerzas de seguridad que mataron, torturaron y cometieron otros abusos durante los 12 años de régimen militar desde 1973 a 1985. Sin embargo, algunas víctimas y familiares de víctimas recurrieron con éxito a la justicia civil para procurar reparación.

En mayo, un juzgado ordenó la liberación del ex Ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco, absolviéndolo de los cargos de privación de libertad en relación con la desaparición de Elena Quinteros, quien presuntamente fue secuestrada de la Embajada de Venezuela en 1976. En junio, el Gobierno presentó nuevos cargos de homicidio agravado contra Blanco en relación con la muerte de Quinteros. A fin de año, Blanco no había vuelto a ser encarcelado y los cargos seguían pendientes.

b. Desaparecidos

No ha habido informes de personas desaparecidas por motivos políticos.

La Ley de Amnistía de 1986 dispone que el Gobierno investigue el destino de los ciudadanos que fueron detenidos y luego desaparecieron durante la dictadura. Sin embargo, los primeros tres gobiernos posteriores al retorno a la democracia se negaron sistemáticamente a hacerlo.

En el año 2000, el Presidente Batlle creó una Comisión Nacional para la Paz con el propósito de aclarar el destino de los ciudadanos que se creía había desaparecido por razones políticas durante la dictadura. La Comisión recibió y analizó información referente a 32 uruguayos y 6 argentinos. El 10 de abril, se presentó el informe definitivo al Presidente Batlle. Si bien la Comisión no se reunió con representantes de las fuerzas armadas, el informe indicaba que la Comisión recibió y revisó toda la información disponible en el país, así como información de embajadas extranjeras. El informe confirmó violaciones a los derechos humanos como tortura, arrestos ilegítimos y detenciones en centros clandestinos durante la dictadura militar. Preparó resúmenes individuales de sus conclusiones sobre cada persona desaparecida y recomendó las medidas legales que el Gobierno debería adoptar para compensar a las familias de las víctimas y resolver la situación jurídica de las víctimas, El informe preliminar de la Comisión—publicado en noviembre de 2002—concluyó que el destino de 20 por ciento de los ciudadanos desaparecidos fue probablemente la cremación o sepultura en el mar. La información sobre el destino de los detenidos desaparecidos se puso solo a disposición de las familias de las víctimas, del Presidente y en un caso (el caso Blanco) a solicitud del Poder Judicial.

c. Tortura y otros casos de tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante

La Constitución prohíbe estas prácticas; sin embargo, hubo informes de abuso de prisioneros, muchos de los cuales han sido investigados por el Gobierno.

Es cometido del Poder Judicial y del Parlamento investigar acusaciones concretas de abuso. En el mes de julio, dos casos de abuso policial de detenidos en Maldonado llevaron al arresto y condena de nueve policías. Existen numerosos informes de abuso de prisioneros dentro del sistema carcelario. Los grupos de derechos humanos y una organización de familiares de prisioneros presentaron varias demandas que incluían golpizas habituales en el procesamiento, hostigamiento y golpizas a prisioneros durante registros, baja calidad y cantidades insuficientes de alimentos, ropa de cama y vestimenta, y acceso insuficiente a la atención médica.

Las condiciones en las prisiones fueron malas y se deterioraron en el curso del año. La sobrepoblación aumentó debido a peores problemas presupuestarios, a un influjo de 200 nuevos prisioneros por mes y a la destrucción parcial de la prisión de Canelones durante un disturbio que tuvo lugar en el mes de agosto. Había 7.100 prisioneros en instalaciones carcelarias con capacidad para solo 2.940 prisioneros, causando problemas sanitarios, sociales y de salud en las principales cárceles. La prisión de Libertad destruida en los disturbios en 2002 continuó alojando a cientos de prisioneros a pesar de su capacidad oficial de cero. Como solución provisoria, el Gobierno tuvo que alojar a algunos de los prisioneros dentro de contenedores de embarque adaptados. Para aliviar la sobrepoblación, el Gobierno compró celdas modulares, proporcionando alojamiento en instalaciones seguras e higiénicas a hasta 600 prisioneros, pero estas nuevas celdas no estaban ocupadas para fin del año. El Director Nacional de Cárceles Enrique Navas declaró que el sistema carcelario estaba el borde del colapso.

Además de la sobrepoblación, el sistema penal sufrió de insuficiente dotación de personal, corrupción y violencia física. Los prisioneros no siempre estaban separados de acuerdo con la gravedad de sus delitos. Se ingresaban ilegalmente narcóticos, armas y teléfonos celulares a varias cárceles, presuntamente con la connivencia oficial. Se permitió la visita de familiares, en que los familiares llevan comida para complementar la dieta de los prisioneros; sin embargo, la misma se dificultó ya que los familiares se les solicitaba desnudarse para ser registrados en condiciones no higiénicas y eran sometidos a registros ofensivos.

En el mes de mayo, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento comenzó una investigación de las condiciones carcelarias, después de una huelga de hambre de los internados quienes protestaban por la muerte de un prisionero de 19 años, detenido en relación con el robo de menos de US$ 7,50 (200 pesos). El prisionero murió después de haber sido presuntamente golpeado por guardias de la cárcel. Las propuestas de los miembros de la comisión para aliviar la sobrepoblación incluyeron un plan para transferir algunos prisioneros a los militares para su alojamiento y un cambio en las leyes del presumario que dispondría que el juez considere la potencial sentencia que enfrenta un acusado al determinar el tiempo máximo de encarcelación previa al juicio. En el mes de setiembre, el Presidente Batlle promulgó una ley que creó una comisión legislativa para asegurar que las condiciones carcelarias cumplen con las normas internacionales.

De acuerdo con informes de prensa y la organización regional de derechos de los afectados por el SIDA, ASEPO (Asociación de Ser Positivo), la mayoría de los prisioneros infectados con el VIH y SIDA no reciben tratamiento o medicación adecuados. Se desconocía el alcance de la infección y los índices de transmisión de la enfermedad dentro de la población de internados.

Las prisioneras fueron mantenidas en instalaciones separadas de los prisioneros con la excepción de la cárcel de Artigas, en donde las mujeres fueron alojadas en un local separado dentro de la cárcel. En general, las condiciones para las prisioneras fueron significativamente mejores que para los prisioneros debido a la reducida población y a la disponibilidad de oportunidades de capacitación y educación.

Los menores fueron mantenidos en instituciones controladas por el Instituto Nacional del Menor (INAME). Los jóvenes que cometieron delitos graves fueron encarcelados en centros de detención juvenil, que asemejan las cárceles tradicionales y tienen celdas. Las condiciones en algunos de estos locales eran tan males como en las prisiones de adultos, permitiéndose a algunos jóvenes salir de sus celdas solamente una hora por día.

Los delincuentes juveniles que se considera que no representan una amenaza para la sociedad fueron transferidos a centros de reinserción social, orientados a la rehabilitación. Estos centros ofrecían oportunidades educativas, de enseñanza técnica y otras, y los delincuentes juveniles podían entrar y salir sin restricciones.

El Gobierno –citando razones de seguridad—no permitió las visitas a cárceles generales por parte de observadores independientes de derechos humanos durante el año; sin embargo, el Gobierno permitió la visita a internos y de diplomáticos extranjeros.

d. Arresto arbitrario, detención y exilio

La Constitución prohíbe el arresto y detención arbitrarios y el Gobierno, en general, observa estas prohibiciones en la práctica. La ley exige a la policía contar con una orden escrita expedida por un juez antes de hacer un arresto, y las autoridades, en general, respetan esta disposición en la práctica. La única excepción es cuando la policía arresta al acusado mientras comete un delito.

La Policía Nacional cuenta con aproximadamente 30.000 oficiales con amplia jurisdicción, bajo la dirección del Ministerio del Interior. La policía tiene una estructura jerárquica, estando el Jefe de Policía, el Director de Inteligencia y el Director de la Unidad de Drogas bajo las órdenes del Subsecretario del Interior. El Ministro del Interior ha tratado de reformar la policía creando una mentalidad de servicio y avanzando a un modelo de policía comunitaria; sin embargo, los bajos salarios llevaron a casos menores de corrupción y a que los oficiales aceptaran un segundo empleo para mantener a sus familias. Los nuevos oficiales de policía ganan U$130 (3.610 pesos) por mes, y los veteranos con 15 años en la policía ganan US$180 (5.000 pesos) por mes.

Una unidad de investigación policial interna recibe quejas de cualquier persona sobre posible abuso ilegal de poder policial, pero carece de suficiente personal y solo puede hacer recomendaciones para que se tomen medidas disciplinarias. Las autoridades del Ministerio del Interior actúan de inmediato si se informan acusaciones de presunta brutalidad policial. Los oficiales policiales acusados de delitos menos graves pueden continuar en servicio activo; los que son acusados de delitos más graves son separados del servicio activo hasta que el juzgado resuelva su caso. La Ley de Seguridad Pública de 1995 estipula el uso proporcional de fuerza por parte de la policía y el uso de armas solamente como último recurso. Esta ley fue respetada en la práctica.

Según se informa, las autoridades han acusado a más de 400 oficiales policiales en los últimos 4 años por violaciones que van desde corrupción a abuso.

La Constitución también dispone que el acusado tiene derecho a una decisión judicial sobre la legalidad de la detención y exige que la autoridad que hace la detención explique los motivos legales de la misma. La policía puede mantener a un detenido incomunicado durante 24 horas antes de presentar el caso ante un juez, momento en el que el detenido tiene derecho a defensor. La ley estipula que las confesiones obtenidas por la policía antes de que un detenido comparezca ante un juez y defensor (sin estar presente la policía) carecen de validez. Además, en caso de que un detenido alegue que ha sido maltratado, el juez debe, por ley, investigar la acusación.

Si el detenido no puede pagar a un abogado, el juzgado designa a un defensor de oficio. Si el delito lleva una pena de por lo menos 2 años en prisión, el acusado es recluido durante la investigación de las acusaciones por parte del juez, a menos que las autoridades convengan en poner en libertad a la persona bajo fianza (lo cual casi nunca sucede). Como resultado, entre el 65 y el 70 por ciento de todas las personas encarceladas estaban esperando una decisión definitiva sobre su caso. Sin embargo, solamente los que cometieron delitos más graves fueron realmente encarcelados mientras esperaban que el juez investigara las acusaciones. La mayoría de las personas que enfrentan acusaciones no fueron encarceladas. El plazo que el acusado pasa en la cárcel a la espera del juicio también varía según la complejidad del caso y el volumen de casos a estudio del juez. La incertidumbre con respecto al período de detención contribuyó a crear tensiones en las cárceles.

El Gobierno no usa el exilio forzoso La Constitución dispone que en casos extremos de emergencia nacional, se puede dar la opción a una persona de abandonar el país como alternativa a un juicio o prisión; sin embargo, esta opción no se ha ejercido por lo menos durante dos décadas.

e. Denegación de juicio público justo

La Constitución prevé un poder judicial independiente, y el Gobierno, en general, respetó esta disposición en la práctica.

La Suprema Corte encabeza el sistema judicial y supervisa el trabajo de los tribunales y juzgados. Un sistema militar paralelo funciona bajo el Código de Justicia Militar. Dos jueces militares están presentes en la Suprema Corte y participan solo en los casos que afecten a los militares. La justicia militar se aplica a los civiles solamente durante el estado de guerra o insurrección.

Los procedimientos judiciales se basan, en general, en alegatos escritos al juez, que normalmente no se hacen públicos. Solamente el juez, el fiscal y el defensor tienen acceso a todos los documentos que forman parte del expediente escrito. Los jueces pueden oír alegatos orales, a su opción. La mayoría de los jueces optan por el método escrito, factor principal que enlentece el proceso judicial. No existe disposición legal contra la auto-incriminación, y los jueces pueden obligar a los acusados a contestar cualquier preguntas que formulen. El defensor o el fiscal pueden apelar las sentencias ante un tribunal superior, que puede absolver a la persona del delito, confirmar la sentencia, o reducir o aumentar la condena.

El Parlamento continuó demorando la implementación de la ley de 1997 para reformar y modernizar el Código Penal. La ley prevé más alegatos orales por parte del fiscal y los defensores, menos responsabilidades de investigación por parte de los jueces y un ritmo acelerado para los juicios penales.

No ha habido informes de prisioneros políticos.

f. Interferencia arbitraria con la privacidad, familia, hogar o correspondencia

La Constitución prohíbe dichas prácticas, y el Gobierno, en general, respetó estas prohibiciones en la práctica.

Parte 2 Respeto de las libertades civiles, incluso:

a. Libertad de expresión y de prensa

La Constitución prevé la libertad de expresión y de prensa, y el Gobierno, en general, respetó estas disposiciones en la práctica; sin embargo, las autoridades pueden privar de estos derechos, si se considera que las personas están incitando a la violencia o "insultando a la nación".

Los medios de prensa independientes tuvieron actividad y todos los elementos del espectro político expresaron libremente sus opiniones, tanto en la prensa escrita como oral. Sin embargo, los activistas de los derechos humanos y periodistas afirmaron que las empresas estatales, como la empresa de teléfonos y la de suministro de electricidad, en ocasiones negaron publicidad a los medios independientes que criticaban al Gobierno y favorecieron a medios amigos del Gobierno con importante publicidad pagada. Hubo unos pocos informes de que los artículos que criticaban al Gobierno fueron corregidos para ser menos críticos o abandonados totalmente. En el año 2002, hubo informes de por lo menos dos periodistas que fueron despedidos por criticar al Gobierno con demasiada dureza.

La ley estipula que la expresión y la comunicación de pensamientos y opiniones son libres, dentro de los límites contenidos en la Constitución y describe los métodos de responder a información "inexacta o agraviante". La ley prevé entre 3 meses a 2 años de penitenciaría por "divulgar a sabiendas noticias falsas que causan una grave alteración a la paz pública o un grave perjuicio a los intereses económicos del Estado" o por "insultar a la nación, al Estado o a sus poderes". Las autoridades rara vez usaron esta ley y no lo hicieron durante el año.

Se dispuso de acceso a Internet, siendo el mismo sin restricciones.

La universidad nacional es autónoma, y el Gobierno no restringió la libertad académica.

b. Libertad de reunión pacífica y asociación

La ley establece la libertad de reunión y asociación, y el Gobierno, en general, respetó estos derechos en la práctica.

En el mes de mayo, como en años anteriores, miles de personas marcharon en memoria de los desaparecidos durante la dictarua (véase Parte 1.b.). Varias demostraciones protestaron contra la decisión del Gobierno de criticar a Cuba por las violaciones de los derechos humanos. Se permitió a los manifestantes marchar y expresarse libremente. Las protestas y demostraciones sobre las condiciones económicas, temas laborales, temas biotécnicos, la guerra en Irak y temas estudianteles se llevaron a cabo sin interfeencia.

c. Libertad de culto

La Constitución establece la libertad de culto y el Gobierno, en general, respetó este derecho en la práctica.

Existe una estricta separación entre la iglesia y el estado, y la instrucción religiosa en las escuelas públicas está prohibida.

El incidente más importante de acoso que se informó fue una ola de graffiti antisemitas en varios barrios de Montevideo. Se descubrió que esto provenía de un grupo neonazi en la capital, que fue rápidamente disuelto. Como consecuencia de una demanda presentada por Tolerancia Si, una organización no gubernamental (ONG), los miembros fueron procesados de acuerdo con la estricta ley del país sobre crímenes de odio y sentenciados a breves plazos en prisión.

Por un análisis más detallado, véase el Informe Internacional de Libertad de Culto de 2003.

d. Libertad de movimiento dentro del país, viaje al exterior, emigración y repatriación

La Constitución establece estos derechos, y el Gobierno, en general, los respetó en la práctica.

El Gobierno concede estatuto de refugiado de acuerdo con la
Convención de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. En la práctica, el Gobierno dio protección contra la devolución y concedió el estatuto de refugiado. El Gobierno concede asilo solamente por delitos políticos según establece el Tratado de La Habana de 1928, el Tratado de Montevideo de 1889 y la Convención de Caracas de 1954. El Gobierno cooperó con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias asistiendo a refugiados. Sin embargo, el país carece de un mecanismo formal para determinar las solicitudes de reasentamiento de terceros países presentadas por el ACNUR. El Gobierno concede protección provisoria en casos en que las reclamaciones de un refugiado son verificadas por el ACNUR. El Gobierno continuó cooperando con organizaciones internacionales para ofrecer residencia provisoria a defensores de los derechos humanos que afirman que son perseguidos en sus países natales; si continúa en peligro después de un año, la persona puede solicitar el estatuto de refugiado.

Parte 3 Repeto por los derechos políticos El derecho de los ciudadanos de cambiar su gobierno

La Constitución establece el derecho de los ciudadanos de cambiar su gobierno en forma pacífica, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres y limpias celebradas sobre la base del sufragio universal. El país es una democracia multipartidaria con voto obligatoria para los mayores de 18 años de edad. El Partido Colorad, el Partido Nacional (Blanco) y la coalición Frente Amplio son las principales agrupaciones políticas.

En noviembre de 1999, en elecciones libre y limpias, los votantes eligieron Presidente al Senador Jorge Batlle del Partido Colorado, y asumió la presidencia en 1º de marzo de 2000, por un período de 5 años. En las elecciones legislativas celebradas en octubre de 1999, la coalición de centro-izquierda Frente Amplio ganó aproximadamente el 40 por ciento de los votos en una carrera de cuatro partidos, convirtiéndose en el mayor bloque parlamentario. Los dos partidos tradicionales, los Colorados y los Blanco, que colaboran en una coalición, controlan más de la mitad de las bancas en la asamblea legislativa.

Las mujeres participaron activamente en el proceso político y en el gobierno, aunque fundamentalmente en niveles medio y bajo. Tres de los 30 senadores y 13 de los 99 diputados fueron mujeres. No hubo mujeres que ocuparan cargos de ministro en os 13 ministerios que componen el gabinete. No hubo jueces mujeres en la Suprema Corte de Justicia. Con la excepción de un diputado suplente, no hubo afro-uruguayos en el Parlamento.

Parte 4 Actitud del Gobierno con relación a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones de los derechos humanos

Una serie de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actuaron, en general, sin restricción por parte del Gobierno, investigando y publicando los resultados de sus investigaciones sobre casos de derechos humanos. En general, los funcionarios gubernamentales cooperaron y fueron receptivos a sus opiniones.

Parte 5 Discriminación basada en raza, sexo, religión, incapacidad, idioma o condición social

La Constitución y la ley prohíben la discriminación basada en la raza, sexo, religión o incapacidad. A pesar de estas disposiciones, existió discriminación social contra algunos grupos.

Mujeres

La violencia contra las mujeres continuó siendo un problema. La ley establece penas de 6 meses a 2 años de prisión para la persona que es declarada culpable de cometer un acto de violencia o de hacer amenazas continuas de causar lesiones corporales a personas relacionadas emocional o legalmente con el autor.del delito. La empresa telefónica estatal ofreció una línea pública directa gratuita a nivel nacional atendida por empleados capacitados de organizaciones no gubernamentales para víctimas de violencia doméstica. Una ley del año 2000 aumentó las condenas por violación y ciertos otros delitos de carácter sexual. El Código Penal contempla el abuso conyugal y la violación conyugal, aunque rara vez se iniciaron acusaciones penales por estos delitos.

Una oficina gubernamental de asistencia para las víctimas de la violencia doméstica capacita a personal policial para resolver quejas de violencia contra las mujeres. Una dirección dentro de Ministerio del Interior continuó una campaña pública de sensibilización sobre la violencia doméstica y atendió centros de asistencia comunitaria donde las víctimas de abuso reciben información y son derivadas a organizaciones gubernamentales y privadas en su área que ayudan a las mujeres sometidas a abusos. Tanto el Ministerio del Interior como diferentes ONG atendieron refugios en que las mujeres sometidas a abusos y sus familias pudieron buscar refugio provisorio. Sin embargo, la crisis económica del país puso en peligro la asistencia un número creciente de víctimas de violencia doméstica, ya que la falta de fondos llevó a la clausura de un número de centros.

La ley prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo; sin embargo, se presentaron algunas demandas.

Las mujeres gozaron de igualdad en el trabajo de acuerdo con la ley, pero enfrentaron discriminación por las actitudes y prácticas tradicionales; sinembargo, nunca ha habido casos que se hayan presentado a la justicia. La fuerza laborar mostró cierto grado de segregación por género. Hubo una tendencia que concentró a las mujeres, que constituyen casi la mitad de la fuerza laboral, en puestos laborales de menor paga. Los salarios de las mujeres fueron promedialmente dos tercios de los salarios percibidos por hombres, continuando una gradual mejora con respecto a la igualdad salarial. Aproximadamente el 60 por ciento de los estudiantes en la universidad pública son mujeres. Con frecuencia, las mujeres siguieron carreras profesionales, pero con menor representación en las profesiones tradicionalmente dominadas por hombres.

Un pequeño instituto en el Ministerio de Educación coordinó los programas gubernamentales para las mujeres. Hubo un número de grupos activos de derechos de las mujeres, y muchas de sus actividades siguieron centrándose en el seguimiento de la plataforma d acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Mujeres de 1995.

Niños

En general, el Gobierno tiene el compromiso de proteger los derechos y bienestar de los niños y considera la educación y la salud de los niños con el grado más alto de prioridad. El INAME supervisa la implementación de los programas de Gobierno para niños, pero solo recibió una limitada provisión de fondos para estos programas. El Gobierno dispuso la educación obligatoria y gratuita a nivel pre-escolar, primario y secundario, y el 95 por ciento de los niños culminaron su educación primaria. Las niñas y niños reciben similar tratamiento. La universidad nacional dispone de educación gratuita hasta la finalización del nivel universitario.

No existe patrón social de abuso de niños. Los menores de 18 años no están sujetos a la justicia penal, pero reciben tratamiento especial con jueces especiales y, cuando son condenados, permanecen en instituciones dirigidas por INAME durante el período que determine el juez; estas instituciones ponen énfasis en la rehabilitación de los menores. El INAME mantuvo una amplia red de programas, incluso refugios para niños en situación de riesgo. El INAME también atendió una línea telefónica pública confidencial para niños víctimas de abuso doméstico.

La UNICEF estió que el 40 por ciento de los niños menores de
5 años viven en el 20 por ciento de los hogares más pobres. La atención de la salud es gratis para todos los ciudadanos, y el Gobierno, con la ayuda de UNICEF, ha emprendido un programa para educar a los padres con respecto a la necesidad de exámenes médicos de revisión y vacunación.

Aunque hubo pocos datos estadísticos confirmados, las encuestas ylos arrestos de niños que participaban en trabajo sexual indicaron que existió prostitución infantil. El INAME nunca ha realizado investigaciones sobre el tema de prostitución infantial, y ninguna ONG ha abordado concretamente el problema (véase Parte 6.f.).

Si bien aún no constituye un problema grave, la incidencia de la explotación sexual ha aumentado en los últimos años. De acuerdo con la ONG Casa de los Niños, la explotación sexual comercial de niños entre los 11 y 15 años de edad tuvieron lugar, en su mayor parte, en los estados fronterizos de Brasil y Argentina. Las autoridades consideraron que este tráfico era específicamente para prostitución y pornografía. Fue también motivo de preocupación la existencia de posibles círculos de prostitución infantil en Montevideo y en las zonas balnearias de Punta del Este y Maldonado.

En el año 2002, el Departamento de Maldonado anunció que la prostitución infantil y el turismo sexual había aumentado y se determinó la existencia de 70 lugares donde había ocurrido esto. Por primera vez, hubo informes ailados de prostitución de hombres. Casos de los que se tiene conocimiento indican que en los últimos años la prostitución infantil ha aumentado, especialmente en el interior del país. ONG y los medios de prensa recibieron informes de que los menores recurrieron a la prostitución como medio de supervivencia en zonas rurales en que el desempleo es superior al 20 por ciento.

La prostitución es legal en el país, y no hay leyes que específicamente prohíban la participación de menores. El Gobierno creó la Comisión Interdepartamental para la Protección de Niños contra la Explotación Sexual, que—junto con INAME—tuvo a su cargo la elaboración del plan nacional de acción, que incluye programas educativos.

Personas que discapacidades

No hubo discriminación contra personas con discapacidades en los puestos de trabajo, educación y en la prestación de otros servicios estatales.

Una comisión nacional para discapacitados supervisa la implementación de una ley sobre los derechos de las personas con discapacidades. Aunque la ley exige el fácil acceso a personas discapacitadas solamente a nuevos edificios o servicios públicos, el Gobierno les dio acceso a una serie de edificios existentes. La ley reserva un 4 por ciento de los puestos de trabajo del sector público para personas con discapacidades. El país tiene un sistema, en general, excelente de salud mental e interés en los derechos de las personas con discapacidad mental.

Minorías nacionals/raciales/étnicas

La minoría afro-uruguaya del país, estimada en casi el 6 por ciento de la población, continuó enfrentando discriminación social. Un estudio realizado en 1999 por la ONG Mundo Afro determinó que el índice de analfabetismo entre las mujeres negras era el doble del promedio nacional, que el porcentaje de mujeres negras que había cursado educación superior era un tercio de la población general, y que la mitad de las mujeres afro-uruguayas trabajaban como domésticas. Los afro-uruguayos prácticamente no estuvieron representados en los sectores burocráticos y académicos.

Sección 6 Derechos de los trabajadores

a. El derecho de asociación

La Constitución establece que las leyes deben promover la organización de sindicatos y la creación de órganos de arbitraje; sin embargo, no existe prácticamente legislación alguna que dé especialmente derecho a los trabajadores a formar y afiliarse a sindicatos de su elección. Tradicionalmente, los sindicatos se organizaron y funcionaron sin reglamentación gubernamental. Los empleados civiles, empleados de empresas estatales y trabajadores de empresas privadas pueden afiliarse a sindicatos. La afiliación a sindicatos fue alta en el sector público (más del 80 por ciento) y baja en el sector privado (por debajo del 5 por ciento) Los sindicator fueron independientes del control de los partidos políticos, pero, tradicionalmente, están vinculados más estrechamente con la coalición política de centro-izquierda Frente Amplio.

Una comisión del Ministerio de Trabajo investiga reclamaciones de discriminación contra los gremios presentadas por miembros de los sindicatos. No ha habido reclamaciones de esta naturaleza desde el año 2000. Los sindicator se han quejado de que algunas empresas han alentado la formación de cooperativas de trabajadores que sirvieron para reducir sus costos laborales. Aunque estas cooperativas no necesariamente afectaron el seguro social de los trabajadores y otros beneficios públicos, esta tercerización pudo reducir la seguridad de los puestos de trabajo de los trabajadores, traducirse en una pérdida de antigüedad y debilitar el poder de los sindicator y de la negociación colectiva.

Existen mecanismos para resolver las reclamaciones de los trabajadores contra los empleadores, pero los sindicatos sostienen que estos mecanismos en ocasiones fueron aplicados en forma arbitraria. Los sindicatos sostienen que los organizadores fueron despedidos por razones inventadas, permitiendo de ese modo a los empleadores evitar multas de acuerdo con la ley.

Los afirmaciones de los trabajadores contra el Gobierno con respecto a las medidas antisindicales presentadas en la reunión del Órgano Rector de la OIT, seguían pendientes a fin de año.

No existen restricciones al derecho de los sindicatos de formar confederaciones o afiliarse a grupos sindicales internacionales; sin embargo, la única confederación nacional no puede optar por afiliarse oficialmente a ninguna de las federaciones mundiales. Algunos sindicatos está afiliados a secretarías internacionales.

b. El derecho de organización y negociación colectiva

La negociación colectiva entre las empresas y sus gremios determina una serie de salarios del sector privado. El Poder Ejecutivo, actuando en forma independiente, determina los salarios del sector público. No existen leyes que prohíban la discriminación gremial, pero un decreto del Poder Ejecutivo de 1993 estableció multas para los empleadores que realizaran actividades anti-gremialistas. La ley no exige que los empleadores vuelvan a contratar a los trabajadores despedidos por actividades gremiales y no exige a los empleadores pagar indemnización a dichos trabajadores. En casos de recusación legal por parte de los miembros del gremio por despidos ilegales, hubo una tendencia en los tribunales a imponer niveles de indemnización que fueron más elevados que los que normalmente se pagan a trabajadores despedidos. El Comité de Expertos de la OIT determinó que la imposición de una multa “prevista por ley en todos los casos de despidos injustificados cuando el motivo real es la calidad de miembro o actividad gremial” era una protección inadecuada contra la discriminación antigremial.

La Constitución establece el derecho de huelga de los trabajadores. El Gobierno puede obligar legalmente a trabajar durante una huelga si prestan servicios esenciales, que, de ser interrumpidos, “podrían causar un grave perjuicio o riesgo, provocando sufrimiento a parte o a toda la sociedad. Se realizaron una pocas huelgas en los sectores del transporte y la educación.

Todas la legislación laboral ampara a los trabajadores empleados en las ocho zonas especiales de exportación. No existen gremios en estas zonas porque los pocos trabajadores empleados en las mismas no estaban en ocupaciones tradicionalmente organizada, es decir, una en la que un número de trabajadores están empleados en calidad de no profesionales.

c. Prohibición de trabajo forzado

La Constitución prohíbe el trabajo forzado, incluso de niños, y el Gobierno, en general, hizo cumplir esta prohibición en forma efectiva.

d. Situación de las prácticas laborales infantiles y edad mínima de empleo

El Código de Trabajo Infantial protega a los niños, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene el cometido de hacer cumplir esta ley. El cumplimiento de esta ley ha demostrado ser difícil debido a la falta de recursos y al hecho de que la mayoría del trabajo infantil se encuentra en el sector informal (lo que representa un 40% del empleo total en el país). Algunos niños trabajaron como vendedores en la calle en el sector informal en crecimiento o en el sector agrícola, que estuvo, en general, regulado en forma menos estricta y en donde la paga el menor. La ley no permite trabajar a menores de 14 años, y en general, esto se cumple en la práctica. A los menores entre 14 y 15 años se les concede permiso para trabajar solamente en circunstancias extremadamente inusuales e incluso entonces, normalmente, solo con otros miembros de sus familias. Los menores entre 15 y 18 años requieren permiso del gobierno para trabajar, y no se concede tal permiso para trabajos peligrosos, que causan fatiga o para trabajo nocturno.

El permiso para trabajar solo se concede a menores que han finalizado 9 años de educación obligatoria o que siguen estando inscriptos en la escuela y están trabajando para finalizar el período de educación obligatoria. Los controles sobre los salarios y horarios para niños son más estrictos que para los adultos. Los niños mayores de 16 años pueden acudir a la vía judicial por el pago de salarios, y los niños tienen el derecho legal de disponer de sus propios ingresos. Durante el año continuó un programa de INAME y una ONG para dar comprobantes de alimentos de US$36 (1.000 pesos) por mes a los padres para que saquen a sus hijos de las calles y los envíen a la escuela. Este monto se aproxima a lo que un niño podría ganar trabajando en la calle.

e. Condiciones aceptables de trabajo

El Ministerio de Trabajo pone en vigor un salario mínimo mensual establecido por ley, que se aplica tanto al sector público como al sector privado. El Ministerio ajusta el salario mínimo cada vez que ajusta los salarios del sector público. El salario mínimo, fijado en setiembre en aproximadamente US$43 (1.194 pesos) por mes, funciona más como un índice para el cálculo de los índices salariales que como una medida real de niveles mínimos de subsistencia, y no constituye un nivel de vida decente para un trabajador y familia. La gran mayoría de los trabajadores ganan más que el salario mínimo.

La semana laboral normal es de 48 horas en la industria y de 44 horas en el comercio, con un descanso de 36 horas por semana. La ley estipula que los trabajadores de la industria reciben remuneración por tiempo extraordinario de trabajo que exceda las 48 horas y que los trabajadores tienen derecho a 20 días de licencia pagada después de un año de trabajo.

La ley proteje a los trabajadores extranjeros y no los discrimina. Sin embargo, para recibir protección oficial, las empresas que emplean trabajadores extranjeros deben dar parte de ellos como empleados. Muchos trabajadores –tanto nacionales como extranjeros– trabajaron en negro y perdieron, así, ciertas protecciones legales.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pone en vigor leyes que regulan las condiciones de salud y seguridad en una forma generalmente efectiva. Sin embargo, algunos de los reglamentos amparan a los trabajadores industriales urbanos en forma más adecuada que a los trabajadores rurales y agrícolas. Los trabajadores tienen derecho de retirarse de lo que consideran condiciones riesgosas o peligrosas.

f. Tráfico de personas

No existen leyes que expresamente traten el tráfico de personas, y hubo algunos casos relacionados con el tráfico de mujeres y prostitución infantil (véase Parte 5). Los controles irregulares en las fronteras restringen también la recopilación de datos estadísticos sobre tráfico. Los oficiales consideran que el tráfico afecta, en su mayor parte, a mujeres entre 18 y 24 años de edad. En el pasado se han procesado a traficantes sospechosos por cargos de corrupción, conspiración, fraude y otros delitos graves. El Ministerio del Interior es el principal responsable de la investigación de casos de tráfico. En la última década, el Gobierno entabló acción judicial en 10 casos relacionados con tráfico; no obstante, no hubo condenas.

No hubo estimaciones confiables con respecto al número de mujeres que trabajaban como prostitutas en el extranjero—generalmente en Europa y Austrialia
--o sobre la proporción que fueron inducidas, mediante fraude, a trabajar como tales o que estuvieron sujetas a condiciones semejantes a la esclavitud. Las familias de tres mujeres que desaparecieron de Maldonado en la pasada década (la última en el año 2000) volvieron a pedir que se llevara a cabo una investigación de las desapariciones. Informes recientes de desapariciones entre mujeres jóvenes en Maldonado dieron lugar a que se especulara que las tres mujeres pueden haber sido objeto de tráfico a Europa.